DUDAS

Serán unas cuentas preguntas porque la duda se reviste de interrogación justo cuando escucho a Isabel Gemio- me gusta más la voz de Gemma Majadas quien sustituyó a la otra hora estrella de televisión antes dicha- durante su programa sabatino TE DOY MI PALABRA. La locutora dice, dialogando con sus colaboradores: “EL ESTADO TIENE DERECHO A PROTEGER A LOS CIUDADANOS”. Hablan de dolencias y trastornos producidos por los excesos alcohólicos y a colación de cierto estudio que abunda en los perjuicios cuyo origen está en el consumo de tabaco. Y entonces, digo yo: ¿Protegernos? ¿Protegernos de quién, de qué? ¿De algún invasor, ahora que la mitad del ejército acampa en el extranjero tras recibir la encomienda de diversas tareas humanitarias? ¿Acaso no bastaría con que los gobernantes se encargaran de la justa administración de los casos y de las cosas sin intervenir en la vida privada de las personas? ¿Deben pagar el coste de su sanación los enfermos a causa del hábito de fumar, siempre y cuando ese haya sido el diagnóstico médico y tras haberse desentendido de utilizar los medios puestos a su disposición para “desengancharse del vicio”? ¿Conviene que reciban una indemnización aquellos a los que se llama “fumadores pasivos”, teniendo en cuenta, según certificación médica, que su mal tiene relación ineludible con la respiración del humo- de “ese” humo, porque el de los coches, fábricas, combustiones varias, etc, parece que no afecta a nadie- que expelen los adictos al tabaco?... Y pasa igual con el alcohol: ¿El estado, las administraciones, han de informar al ciudadano acerca de los inconvenientes y peligros que producen los excesos etílicos? ¿Es plausible un esfuerzo en educación e información seria- en estos asuntos y en muchos otros- para que cada cual sepa a qué atenerse? ¿Resultaría aceptable que, como en el caso del tabaco, las facturas del gasto hospitalario fueran cargadas a la cuenta de los “infractores”? ¿Es mucho pedir que los que perjudican a terceros reciban el rechazo social mediante las causas judiciales que correspondan, a efectos de disuasión para criminales con arreglo a lo que la ley señale?... Y más aún: ¿Saben nuestros gobernantes que los muchachos, esos que son educados en la indolencia en casas y colegios, se valen de un mayor de edad- basta que supere el límite en una hora- para comprar lo que sea necesario, donde sea necesario y dentro del horario que sea necesario? ¿Retirarán, de dónde, policías para acudir a los parques y plazas a fin de reprimir el botellón o van a emplear al resto del ejército para esos menesteres los fines de semana? ¿Es peor o mejor que una miriada de chicos que cumplen dieciocho años tengan por costumbre los fines de semana hacer exactamente lo mismo que los de veinticinco, treinta y dos o cincuenta y nueve? ¿Acaso los menores carecen de tutela ya sea familiar o administrativa como para que los que hayan de responsabilizarse paguen y se hagan cargo de las cosas y los seres como es pertinente? La basura, los destrozos y demás inconvenientes que causan los muy maleducados niños- y no tan niños- del gran alboroto callejero, ¿supondrán agravante o, como hasta ahora, vale que no beban- pueden tomar solo refrescos o cerveza- y que dejen el asco y el ruido en cada barrio?... De modo que, y esta es la última, en vez de protegernos, ¿por qué no se ocupa el estado de la educación, del convencimiento y de procurar en todos los ámbitos sociales que, además de conseguir derechos, todo el mundo cumpla con sus deberes?